13:54 pm | 7 de junio de 2012
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Esval: Quien le pone el cascabel al gato

Desde hace un buen tiempo hemos planteado que Esval tiene un serio problema con su infraestructura de agua potable y sanitaria; y que no está prestando adecuadamente el servicio al que la ley lo obliga y por el que pagamos los porteños.

Gran parte de sus matrices son antiguas y están afectadas por el normal uso y paso del tiempo, pero también porque la población usuaria ha aumentado considerablemente, pero la infraestructura sigue siendo sustantivamente la misma. En algunos lugares los colectores de Esval están simplemente colapsados, con grave perjuicio para los vecinos.

Aquí hay un servicio preventivo de mantención, que parece la empresa no efectúa con periodicidad. Pero también, y es lo más preocupante, hay una renovación de infraestructura que Esval no realiza en la magnitud y con la urgencia que los reiterados episodios de corte de suministro de agua e inundaciones ameritan.

Hay que recordar que la Ley de Servicios Sanitarios dispone que el prestador –la empresa- debe asegurar la calidad y continuidad del servicio, el que nunca puede interrumpirse salvo casos de fuerza mayor o cortes programados e imprescindibles, que deben ser avisados previamente a los usuarios. En todos los demás casos la suspensión del suministro de agua constituye un problema preventivo de mantención que es responsabilidad de la empresa prestadora del servicio.

Pero hay que llamar la atención porque en estos casos también existe una responsabilidad del Estado, que parece no querer ver este problema. Solo así se entiende que no se le exija a Esval un plan de renovación de sus matrices acorde a la magnitud del problema; o que no se le  sancione por las flagrantes infracciones a la ley en que reiteradamente está incurriendo.

Lamentablemente el Estado no está haciendo su trabajo de proteger a los usuarios. Por ejemplo, hace algunos días presentamos con un grupo de vecinos un reclamo ante el Servicio Nacional del Consumidor por el penúltimo corte de agua, que afectó a 13 mil viviendas. Para nuestra sorpresa, en vez de proceder con premura en defensa de los consumidores, el Sernac ha exigido acreditar con documentos o con testigos que el corte de agua efectivamente se produjo. Es una exigencia, por lo menos absurda, porque se trata de un hecho público y notorio, profusamente comentado, que dejó sin agua durante buena parte del día a miles de porteños, probablemente entre ellos a más de algún funcionario del propio Sernac. Pero más allá de lo anecdótico que pueda parecer la situación, lo grave es que exigencias como estas provocan un efecto secundario especialmente dañino: desalentar el reclamo de los consumidores.

Parece que nadie quiere ponerle el cascabel al gato.

Muy distinta a la reacción de las autoridades argentinas frente a casos similares. Esta semana aplicaron una multa de 2,2 millones de dólares a una empresa telefónica –Claro- que interrumpió el servicio durante 4 horas en una parte  de la ciudad de Buenos Aires.

Como es enorme la indefensión en estas materias, con un grupo de porteños estamos trabajando en la constitución de una Asociación de Consumidores. Inicialmente habíamos pensado crear una asociación de usuarios víctimas de Esval, pero el último y sorpresivo corte de energía eléctrica del mes de mayo –que Chilquinta atribuyó a unas ramas que habrían caído sobre el tendido eléctrico-  nos ha llevado a inclinarnos por la creación de una amplia agrupación de consumidores, que pueda hacerse cargo de la enorme variedad de abusos que diariamente se cometen en contra de consumidores y usuarios de Valparaíso.

Estamos en la etapa final de su creación. Esta agrupación nos permitirá interponer eventualmente demandas colectivas contra estas empresas que al ser monopólicas no tienen en la practica ningún contrapeso desde la sociedad.

Abel Gallardo Pérez
Concejal de Valparaíso

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