SERNAC exige a Aguas Andinas plan de compensación por cortes y fallas en el agua potable
El SERNAC Metropolitano ofició a Aguas Andinas para que detalle cómo indemnizará a más de 100 mil clientes afectados por cortes no programados y deficiencias en la calidad del agua ocurridas en agosto de 2024, tras las sanciones confirmadas por la autoridad sanitaria.
La acción se produce luego de que la Superintendencia de Servicios Sanitarios (SISS) ratificara sanciones contra la empresa por interrupciones del suministro y problemas en el servicio. El Servicio Nacional del Consumidor busca asegurar que la compañía cumpla su obligación legal de compensar a los usuarios afectados.
Fuente: ExtraNoticias.cl
El requerimiento apunta a 47.118 clientes de las comunas de La Florida, Quilicura, Peñalolén, Vitacura y Lampa que sufrieron cortes no programados. El Servicio solicitó a Aguas Andinas informar la cronología y plazos de pago, el monto total de las compensaciones y la metodología utilizada para su cálculo, además de precisar si el resarcimiento será directo o vía descuento en la boleta.
Adicionalmente, el oficio incluye a otras 58.607 personas de Quilicura, Renca, Vitacura y Peñalolén que enfrentaron problemas en la calidad del agua potable. El SERNAC pidió a la sanitaria confirmar si este grupo será considerado en el proceso de compensación o, en caso contrario, explicar las razones jurídicas para excluirlo.
El organismo también solicitó antecedentes sobre las medidas de mitigación adoptadas durante la emergencia, como la instalación de estanques o camiones aljibe, así como las inversiones ejecutadas para evitar nuevos episodios que afecten a la población.
“Es primordial que los consumidores sean compensados por el daño sufrido y como SERNAC estaremos monitoreando el proceso”, afirmó el director regional, Patricio Hidalgo, al recalcar que el seguimiento buscará resguardar el acceso oportuno a eventuales indemnizaciones.
El Servicio recordó que, de detectarse nuevas infracciones, se reserva la posibilidad de ejercer acciones judiciales, iniciar procedimientos colectivos u otros mecanismos contemplados en la ley de protección al consumidor, con el fin de asegurar reparaciones proporcionales al perjuicio ocasionado.