Presidente Kast anuncia nueva agenda contra el crimen organizado y el terrorismo
El Presidente de la República, José Antonio Kast, anunció una nueva Agenda contra el Crimen Organizado y el Terrorismo, denominada ACOT, que contempla más de 30 proyectos e iniciativas destinadas a fortalecer la seguridad y la capacidad del Estado para enfrentar a las organizaciones criminales.
Fuente: ExtraNoticias.cl
Uno de los principales anuncios es mantener un despliegue policial permanente en los 50 barrios más críticos del país. La medida busca aumentar la presencia de las policías en sectores con alta concentración de delitos, reforzar la prevención y recuperar espacios afectados por la actividad criminal.
El Gobierno también propone ampliar de 12 a 24 horas el período de flagrancia, con el objetivo de entregar más tiempo a las policías para realizar procedimientos y poner a disposición de la justicia a personas sorprendidas cometiendo delitos o vinculadas a hechos recientes.
Otro de los ejes será reforzar la búsqueda de prófugos de la justicia, aumentando las capacidades para localizar y detener a personas con órdenes de captura pendientes, especialmente cuando estén vinculadas a organizaciones criminales.
La agenda contempla además un mayor control de las fronteras, con más vigilancia y herramientas tecnológicas para detectar ingresos irregulares y combatir el ingreso de drogas, armas y otros elementos asociados al crimen organizado.
El Ejecutivo también pretende perseguir a las organizaciones criminales de manera integral, fortaleciendo las herramientas para identificar a quienes las financian, coordinan o apoyan. A esto se suma la intención de impedir que narcotraficantes continúen dirigiendo operaciones desde las cárceles mediante mayores controles en los recintos penitenciarios.
Otro punto central es el fortalecimiento del decomiso de bienes provenientes del crimen organizado. La propuesta busca afectar directamente el patrimonio de estas organizaciones, permitiendo quitarles recursos, propiedades y otros bienes obtenidos mediante actividades ilícitas.
El Gobierno anunció además una reforma constitucional para establecer expresamente que la seguridad de las personas es un deber del Estado. La iniciativa pretende reforzar el rol estatal en materia de protección de la población, aunque el planteamiento ya ha generado debate político y jurídico.