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22 de Noviembre de 2026 | 4:11 am

Senado aprueba presupuesto de US$1.856 millones para los Gobiernos Regionales en 2027

Fuente: ExtraNoticias.cl

La Sala del Senado aprobó la partida presupuestaria 31 para los Gobiernos Regionales correspondiente a 2027, que contempla recursos por un total estimado de 1.856 millones de dólares para las 16 regiones del país. La decisión incorpora acuerdos entre la Asociación de Gobernadores Regionales de Chile y el Gobierno Central, además de modificaciones para fortalecer la gestión y la inversión territorial.

Entre los principales cambios se encuentra la eliminación del descuento automático del 3% de los presupuestos regionales destinado a emergencias, junto con medidas que entregan mayor flexibilidad para administrar y ejecutar los recursos.

La aprobación permitirá dar continuidad a proyectos de infraestructura, inversión pública y programas sociales en los distintos territorios. El gobernador de Atacama, Miguel Vargas Correa, valoró la decisión y señaló que “con la aprobación de la Partida 31 ponemos freno al recorte presupuestario propuesto por el Gobierno y garantizamos la continuidad de obras y programas importantes para nuestra región”.

En materia de salud, las modificaciones permitirán que los Gobiernos Regionales financien programas de formación de médicos especialistas y subespecialistas, mediante convenios con los Servicios de Salud y universidades acreditadas.

También se autorizó la inversión en equipamiento de búsqueda y rescate en montaña para las delegaciones regionales del Cuerpo de Socorro Andino, incluyendo los gastos operacionales asociados a estas labores.

Otro de los ámbitos incorporados corresponde a la recuperación y mantención de fachadas de inmuebles con protección patrimonial, ampliando las posibilidades de inversión regional en infraestructura y conservación.

En el sector productivo, se aprobó la posibilidad de establecer convenios con la Fundación para la Innovación Agraria para financiar iniciativas de innovación, competitividad y fomento de las actividades silvoagropecuarias y agroalimentarias. Esta indicación contó con una reserva de constitucionalidad presentada por el Ejecutivo.