Argentina recurre a Tribunal del Mar para frenar proyecto petrolero británico en las islas Malvinas
Fuente: ExtraNoticias.cl / Medios
El Gobierno de Argentina solicitó este martes al Tribunal Internacional del Derecho del Mar medidas provisionales para detener el proyecto petrolero Sea Lion, impulsado por la empresa israelí Navitas y la británica Rockhopper en aguas de las islas Malvinas, cuya soberanía reclama el país sudamericano y que administra el Reino Unido.
La presentación apunta a impedir el inicio o la continuación de las actividades de explotación de hidrocarburos en la cuenca Malvinas Norte, ubicada a unos 200 kilómetros al norte del archipiélago. El proyecto contempla comenzar la extracción de petróleo en 2028.
Según informó el Ejecutivo de Javier Milei, la solicitud pretende “preservar los derechos soberanos argentinos sobre su plataforma continental” y evitar que las actividades autorizadas unilateralmente por el Reino Unido agraven la controversia territorial.
El portavoz presidencial argentino, Adrián Ravier, detalló que el país también pidió que Londres deje de utilizar la información obtenida durante la exploración, evite otorgar nuevos permisos petroleros en la zona y cumpla con las obligaciones relacionadas con la protección del medio marino.
El proyecto Sea Lion es operado por Navitas, que posee el 65 por ciento de participación, mientras que la británica Rockhopper controla el 35 por ciento restante. Argentina considera ilegales las autorizaciones concedidas por las autoridades locales de las islas para desarrollar estas actividades.
La iniciativa judicial se suma al anuncio realizado el 28 de septiembre, cuando Buenos Aires comunicó que iniciaría un procedimiento de arbitraje internacional conforme a la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar. En esa oportunidad, concedió al Reino Unido un plazo de dos semanas para adoptar medidas que permitieran detener el proyecto.
Desde Londres, la subsecretaria de Estado para los Territorios de Ultramar, Uma Kumaran, rechazó el arbitraje y sostuvo que las actividades petroleras en las Malvinas se realizan conforme a la legislación local y al derecho internacional. La Cancillería argentina respondió que las controversias deben resolverse ante tribunales internacionales.
Paralelamente, el Gobierno de Milei ha iniciado acciones administrativas y judiciales contra empresas vinculadas a la explotación petrolera y ha enviado comunicaciones a compañías internacionales para disuadirlas de participar en las operaciones. Navitas y Rockhopper, en tanto, mantienen su intención de continuar con Sea Lion y anunciaron el reemplazo de dos contratistas.
