Bukele evaluará la salida anticipada de más de 10 mil detenidos por colaboración ocasional con pandillas en El Salvador
Fuente: ExtraNoticias.cl / Medios
El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, anunció que se revisarán los casos de 10.629 personas detenidas por colaborar ocasionalmente con pandillas, para determinar si pueden acceder a una salida anticipada de prisión. La medida no contempla a integrantes de estas organizaciones criminales.
El mandatario precisó que los posibles beneficiarios serían personas que prestaron ayuda de manera circunstancial, sin formar parte de las estructuras de las bandas. La evaluación se realizará en el marco de la política de seguridad aplicada durante los últimos cuatro años.
Bukele explicó que “de esos 10.000 vamos a revisar los casos, y nosotros creemos, en una revisión previa, que aproximadamente un 50% pudiera entrar al programa ‘Cero Ocio’ para poder salir más rápido, reformado, en lugar de esperar 10 años para que salga más criminal”.
El programa permite acceder a beneficios mediante la participación en trabajos de obras públicas. Sin embargo, organizaciones humanitarias han señalado que también se aplica a personas detenidas durante la ofensiva contra las pandillas que todavía no han recibido condena.
El presidente descartó que la iniciativa contemple liberar a la mitad de los más de 93 mil detenidos bajo el régimen de excepción. Además, insistió en que los integrantes de las pandillas no serán incluidos en el proceso de revisión.
La medida ha generado cuestionamientos de organizaciones defensoras de los derechos humanos, que denuncian arrestos arbitrarios y advierten sobre la situación de personas inocentes encarceladas durante los operativos de seguridad.
El Movimiento de Víctimas del Régimen de Excepción cuestionó los criterios para identificar a los colaboradores y advirtió que “nadie debe declararse culpable de un delito que no cometió para recuperar su libertad”.
La revisión de los casos se realizará en el marco del régimen de excepción vigente en El Salvador, bajo el cual más de 93 mil personas han sido detenidas. Mientras el Gobierno atribuye a su estrategia una reducción histórica de los homicidios, organizaciones humanitarias denuncian vulneraciones de derechos humanos y más de 500 muertes bajo custodia estatal.
