Familiares piden excarcelación de militares presos, "los grandes olvidados" en Venezuela
Fuente: ExtraNoticias.cl / Medios
Familiares de militares considerados presos políticos realizaron una vigilia este jueves frente al centro de reclusión de Ramo Verde, en el estado Miranda, para exigir la libertad de sus parientes. Los manifestantes calificaron a los efectivos castrenses como "los grandes olvidados" de los procesos de negociación y liberación en Venezuela. La movilización surge tras el anuncio del Parlamento sobre una serie de excarcelaciones, lo que ha generado que decenas de personas pernocten a las afueras de distintas prisiones del país a la espera de noticias oficiales.
La situación afecta a efectivos que, según sus allegados, fueron detenidos por manifestar contra las condiciones de vida y los bajos salarios en las instituciones armadas. Sandra Hernández, esposa del sargento Luis Bandres, señaló que los uniformados suelen ser excluidos de los acuerdos políticos que benefician a civiles. Al respecto, Hernández afirmó: «Los militares son los grandes olvidados en cuanto a negociaciones, excarcelaciones. Siempre salen civiles, gracias a Dios pueden regresar a sus hogares, pero los militares nunca son tomados en cuenta».
La defensa de los derechos humanos ha denunciado las precarias condiciones que enfrentan los familiares durante la espera a la intemperie. La activista Leida Brito reportó que muchas personas duermen en el suelo y se turnan para cubrir necesidades básicas de alimentación e higiene. Brito enfatizó la existencia de detenidos por motivos ideológicos en el país, contradiciendo la postura oficial de la Fiscalía, y declaró: «Esto es lo peor que le ha podido pasar en esta historia a los familiares de los presos políticos».
El costo económico de la espera representa una carga adicional para las familias, con cobros que oscilan entre cinco y diez dólares por servicios básicos cerca de los recintos penales. Según reportes de agencias en la cárcel El Rodeo, se registran tarifas por el uso de colchones y acceso a habitaciones para aseo personal. Esta situación se suma al gasto de traslados para quienes provienen de otras regiones, en un contexto donde aún no se publican las listas definitivas de los beneficiados por las medidas de gracia.
La disparidad en las cifras de liberados genera incertidumbre entre las organizaciones no gubernamentales y los parientes de los detenidos. Mientras el Foro Penal contabiliza 201 excarcelaciones desde finales de diciembre, el Gobierno sostiene que la cifra asciende a 406 personas. Sandra Hernández defendió la actuación de los militares presos, señalando que han cumplido con su deber institucional: «Son tratados de la peor manera por ser denominados traidores a la patria, cuando en realidad han actuado constitucionalmente por ser fieles al juramento que hicieron».
Desde el sector activista, la organización Provea denunció la existencia de dilaciones indebidas que impiden la concreción de las libertades anunciadas por el Legislativo el pasado 8 de enero. La falta de transparencia en la divulgación de los registros oficiales ha sido el principal reclamo de partidos políticos y defensores de derechos humanos durante la última semana. Los familiares aseguran que no abandonarán los alrededores de las cárceles hasta que se haga efectiva la salida de todos los militares detenidos.
El proceso de excarcelación continúa bajo la vigilancia de la comunidad internacional y organismos locales que exigen celeridad en los tribunales. La vigilia en Ramo Verde se mantiene de forma indefinida como medida de presión para que los efectivos del Ejército sean incluidos en los listados actuales. Por ahora, el Ministerio Público mantiene que los arrestos corresponden a delitos comunes, mientras las familias insisten en la naturaleza política de las causas judiciales que mantienen a los uniformados tras las rejas.
