Ley Ricarte Soto cumple 10 años con más de 74 mil beneficiarios y foco en sostenibilidad
Fuente: ExtraNoticias.cl
A una década de su implementación, la Ley Ricarte Soto se posiciona como un mecanismo de protección financiera para diagnósticos y tratamientos de alto costo en el sistema de salud chileno.
La normativa, vigente desde 2015, creó un fondo específico para cubrir terapias de alto costo, incorporando criterios de priorización, evaluación científica y control financiero en la toma de decisiones sanitarias.
Desde su puesta en marcha, el número de beneficiarios aumentó de 51 personas en 2015 a más de 74 mil en 2025, con 45.016 casos activos ese año. Un 77% corresponde a afiliados a Fonasa, cifra menor a su peso en la población total, precisa un artículo de uchile.cl.
Antes de la ley, el gasto de bolsillo en salud alcanzaba cerca del 33% del total, con un tercio destinado a medicamentos y dispositivos médicos, lo que limitaba el acceso a tratamientos de alto costo.
El origen de la normativa se remonta al programa de gobierno de Michelle Bachelet, que incluyó una política nacional de medicamentos. El proyecto fue ingresado al Congreso en enero de 2015 y promulgado en junio del mismo año.
El sistema opera mediante un proceso regulado para incorporar tecnologías, que exige evaluación científica, priorización experta y compatibilidad con los recursos disponibles del fondo.
Entre los desafíos identificados está la sostenibilidad financiera frente al avance tecnológico y restricciones fiscales, junto con la necesidad de fortalecer mecanismos de evaluación, control del gasto y coordinación con otros sistemas de cobertura en salud.
