Seminario aborda avance de la criminalidad en zonas rurales y presenta medidas de seguridad
La Subsecretaría de Prevención del Delito y la Asociación de Municipios Rurales (AMUR), realizaron el seminario “Seguridad Rural en Chile: desafíos, aprendizajes y propuestas para la acción”, con el objetivo de coordinar medidas frente al desplazamiento de la criminalidad hacia sectores rurales.
Fuente: ExtraNoticias.cl
La actividad reunió al gobernador de Santiago, Claudio Orrego, autoridades de gobierno, representantes de Carabineros, el Ministerio Público, el Ministerio de Agricultura y dirigentes gremiales de CORMA, SNA e IDICAM para analizar el escenario delictual en estas comunas.
Durante la jornada, el presidente de AMUR y alcalde de Paine, Rodrigo Contreras, entregó el “Segundo informe de seguridad en los territorios rurales” y anunció la donación de 36 cámaras de televigilancia gestionadas con el sector privado. El primer plan piloto será implementado en Peñaflor.
En la actividad, el alcalde señaló que “la falta de institucionalidad es el lugar perfecto para que el crimen organizado también encuentre una posibilidad de poder ampliar sus tentáculos y sus redes”, agregando que esta situación afecta la identidad de las comunidades rurales.
La subsecretaria de Prevención del Delito, Ana Victoria Quintana, recibió el documento y afirmó que “la seguridad en la ruralidad no puede seguir siendo un tema periférico, tiene que ser una prioridad del Estado”. La autoridad también indicó que las herramientas institucionales deben adaptarse a la dispersión geográfica de estas comunas.
Por su parte, Claudio Orrego informó que el Gobierno Regional está destinando cerca de 32 mil millones de pesos para proyectos de televigilancia, vehículos de seguridad, drones e iluminación pública. “Hoy vemos expresiones de crimen organizado en el mundo rural, por lo que se requieren más recursos y también más gestión”, sostuvo la autoridad regional.
Otro de los temas abordados fue la recuperación de inmuebles vinculados a delitos. La subdirectora de la Unidad de Crimen Organizado del Ministerio Público, Tania Gajardo, explicó que algunos espacios transferidos a municipios han sido utilizados para juntas de vecinos y proyectos de servicios comunitarios, incluyendo centros de salud.
