Tribunal Constitucional aprueba Ley Integral para la protección de las personas mayores en el país
Fuente: ExtraNoticias.cl
El Tribunal Constitucional ratificó la legalidad de la Ley Integral de las Personas Mayores y Promoción del Envejecimiento Digno, Activo y Saludable tras su despacho en el Congreso Nacional.
La nueva normativa entrega un beneficio directo a la ciudadanía al garantizar el resguardo de 15 derechos fundamentales para este segmento de la población. La legislación establece un marco regulatorio obligatorio para asegurar un trato preferente y digno en los servicios públicos y privados.
El cuerpo legal tiene como finalidad central el asegurar la inclusión, integración y participación de este grupo dentro de todos los ámbitos del quehacer social chileno. La ministra de Desarrollo Social y Familia, María Jesús Wulf, valoró el dictamen del órgano constitucional para la puesta en marcha de la iniciativa.
La secretaria de Estado afirmó que “es un significativo avance y una respuesta a todas las personas mayores que esperan y anhelan un nuevo trato”.
La normativa consagra jurídicamente la igualdad y la no discriminación arbitraria por razones de edad en la vejez, además de un acceso expedito a los tribunales de justicia. Los beneficiarios contarán con el reconocimiento explícito a su independencia, autonomía personal y al ejercicio de una vida libre de violencia en los entornos familiares e institucionales.
El texto legal mandata al Estado a generar las condiciones para la libre movilidad y la integración comunitaria de los afectados.Las personas de la tercera edad verán reforzadas sus garantías en materia de salud pública mediante la exigencia legal de brindar un consentimiento libre e informado ante cualquier procedimiento médico.
La ley también resguarda el derecho a la educación continua, al trabajo remunerado, a la conectividad digital y a la libertad de expresión y opinión.
El estatuto incorpora además el acceso garantizado al ocio, el deporte, la vida activa, el turismo y la privacidad íntima.Un aspecto relevante de la nueva legislación es el amparo específico que otorga a quienes se encuentran en situación de pérdida de autonomía.
El articulado fija por primera vez la definición legal de abandono social, tipificando las conductas asociadas a esta vulneración. El objetivo es dotar al aparato estatal de herramientas efectivas para intervenir en casos de desprotección extrema o negligencia por parte de los cuidadores o familiares directos.
Para dar operatividad a este resguardo, la ley implementa un nuevo procedimiento judicial expedito dentro de la actual estructura de los tribunales de familia del territorio nacional. Este mecanismo faculta a los magistrados a dictar medidas de protección urgentes a favor de las víctimas de abandono social con mayor agilidad. La reforma permite que los juzgados dispongan de soluciones de cuidado amplias y complementarias, evitando recurrir únicamente a la internación en recintos de larga estadía.
La promulgación de este texto legal moderniza la institucionalidad chilena en materia de derechos humanos aplicados a la vejez, adaptando los procedimientos a las necesidades demográficas actuales. Con la validación del Tribunal Constitucional, la ley queda en condiciones de ser implementada para asegurar el bienestar y la seguridad económica y social de la población envejecida de la nación.
