Paraguay: Justicia imputa a destituido expresidente Santiago Peña por crisis de Ueno Bank
Fuente: ExtraNoticias.cl / Medios
La Fiscalía General de Paraguay imputó este 7 de noviembre al expresidente Santiago Peña por los delitos de lesión de confianza y administración en derecho propio, en el marco de la investigación por la crisis financiera de Ueno Bank.
Los mismos cargos fueron presentados contra el expresidente del Banco Central, Carlos Carvallo, quien además enfrenta una acusación por producción de documentos públicos de contenido falso. Los fiscales solicitaron prisión preventiva para ambos.
En la causa también fueron imputadas otras 27 personas, entre ellas ocho exdirectivos de la entidad bancaria. Los investigados enfrentan cargos relacionados con conductas indebidas en situaciones de crisis, tentativa de estafa y vulneración de obligaciones comerciales.
La investigación examina los vínculos accionarios que Peña mantuvo con el grupo empresarial controlador del banco, el nombramiento de Carvallo como titular del organismo regulador y la colocación de aproximadamente 355 millones de dólares del Instituto de Previsión Social en la institución.
El recién asumido vicepresidente paraguayo, Antonio Barrios, anunció que el nuevo Ejecutivo recurrirá a países aliados para rastrear los recursos financieros. En entrevista con radio ABC Cardinal, sostuvo que “tenemos aliados que son países del primer mundo con mucha tecnología que podrían ayudarnos a saber dónde está el dinero”.
Barrios también cuestionó la actuación del organismo regulador y afirmó que en el Banco Central “ocurrieron cosas que nunca deberían haber ocurrido”. Además, manifestó su sorpresa por la falta de conocimiento que, a su juicio, habrían tenido las autoridades supervisoras sobre la situación de la entidad.
La crisis estalló después de que el Banco Central ordenara el procedimiento de resolución de Ueno Bank, institución que tenía 2,94 millones de clientes en un país de 6,1 millones de habitantes. Entre los afectados figuran 32 mil jubilados del Instituto de Previsión Social, además de otras entidades públicas que mantenían recursos depositados.
El caso también abrió una investigación sobre las colocaciones de fondos estatales y los límites prudenciales aplicables a operaciones con partes vinculadas. Mientras Santiago Peña ha rechazado las acusaciones, el vicepresidente Barrios señaló que esperarán el pronunciamiento de los tribunales y concluyó que “que la justicia haga lo que tenga que hacer y no quiero emitir ningún juicio de valor en ese sentido”.
