Fiscalía paraguaya acusa a Santiago Peña de liderar red criminal vinculada a Ueno Bank
Fuente: ExtraNoticias.cl / Medios
La Fiscalía de Paraguay amplió la imputación contra el expresidente Santiago Peña, acusándolo de encabezar una asociación criminal junto a cinco funcionarios del Banco Central para favorecer a Ueno Bank, entidad intervenida por problemas de solvencia.
El exmandatario, de 47 años, ya enfrentaba cargos por lesión de confianza y administración en provecho propio. Actualmente cumple prisión preventiva, tras su destitución la semana pasada mediante un juicio político.
Según el acta fiscal, Peña habría utilizado su cargo para proteger a la entidad financiera, en la que tuvo participación accionaria el grupo controlador. La acusación también apunta a la colocación de cientos de millones de dólares de fondos públicos en el banco.
La Fiscalía sostiene que “desde la Presidencia de la República Santiago Peña Palacios habría actuado como jefe de la estructura”. Además, lo acusa de mantener reuniones clandestinas con el presidente del Grupo Vázquez, Federico Vázquez, para evitar la intervención bancaria.
En paralelo, la investigación apunta a funcionarios del Banco Central que habrían ocultado irregularidades financieras. Entre el jueves y el viernes fueron detenidos otros cuatro exdirectivos de la institución, mientras diez integrantes del grupo controlador permanecen bajo arresto.
La crisis de Ueno Bank dejó a 1,8 millones de depositantes afectados. El Banco Central informó que ya restituyó sus ahorros al 80 por ciento de los clientes, mediante una primera etapa que contempló pagos de hasta 19 mil dólares por cuenta.
El integrante del directorio del Banco Central, Pedro Acosta, informó que “la transferencia de activos y pasivos (de Ueno) a otras entidades financieras” comenzará la próxima semana. El procedimiento permitirá avanzar en la devolución de los depósitos de mayor cuantía.
Entre los recursos pendientes figuran más de 800 millones de dólares correspondientes a fondos públicos, buena parte de ellos destinados a jubilaciones. Las autoridades esperan recuperar esos montos mediante el traspaso de activos de la entidad intervenida, mientras la Fiscalía gestiona el congelamiento de fondos detectados en el extranjero.
